Actividades Económicas

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado de servicios, más conocida como Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein, ha provocado una profunda transformación en la regulación del régimen jurídico de las actividades económicas ejercidas por particulares y empresas.

Entre otros objetivos, la Directiva se centra en la necesidad de llevar a cabo la simplificación administrativa que ponga fin a las trabas burocráticas tradicionales.

Su implantación, a través de las distintas normas de transposición, ha comportado un cambio radical en el abordaje jurídico del desarrollo de las actividades económicas. En síntesis, la tradicional cultura de las autorizaciones y/o licencias previas de actividad ha dado lugar, por efecto de la Directiva, a la nueva cultura administrativa de dos figuras jurídicas que han adquirido una relevancia de gran calado: las declaraciones responsables y las comunicaciones. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, han hecho un esfuerzo considerable por adaptar dicha Directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Ese cambio de paradigma, ha tenido como efecto, entre otros muchos, un control posterior de las actividades en vez del tradicional control previo de los títulos habilitantes (autorizaciones, licencias, etc.)

Esa simplificación no está exenta de nuevos retos jurídicos ni ha supuesto en ningún caso que el ejercicio de las actividades por parte de particulares y empresas, sea inmune al control administrativo, (inspecciones, controles periódicos, etc.).

Este nuevo paradigma hace si cabe, aún más necesario, un asesoramiento preventivo del ejercicio de las actividades económicas.

Por ello, en el despacho prestamos servicios de asesoramiento en relación al ejercicio de actividades económicas, en la presentación y tramitación de todo tipo de documentación ante la Administración competente (declaraciones responsables, comunicaciones, comunicados y figuras afines), y en la defensa (tanto de entidades públicas como de particulares y empresas) cuando se inician expedientes que pudieran dar lugar a medidas administrativas como la suspensión, el cese de la actividad, medidas cautelares de todo tipo, o los procedimientos sancionadores asociados a esta materia.

Para ello contamos con colaboradores técnicos especialistas en cada actividad (Arquitectos, ingenieros, etc.), cuya intervención es del todo punto imprescindible para ejercer la actividad con un mínimo de garantías.