Publicalitis

En la sociedad actual, buena parte de las acciones de los ciudadanos guardan relación con las diferentes Administraciones Públicas, que cuentan, por mandato legal, con numerosas prerrogativas que deben ejercerse con total respeto a las normativas que resulten de aplicación en todo momento: desde las meramente procedimentales y organizativas hasta las de carácter sustantivo. El gran número de normas que pueden resultar aplicables, de forma concurrente, a la vida de ciudadanos y Administraciones Públicas, hace necesario contar con asesoramiento especializado, que reúna un conocimiento profundo de dicha legislación y que cuente con experiencia en litigios administrativos.

Acompañamos a las Administraciones Públicas territoriales, organismos públicos, consorcios administrativos, empresas, fundaciones, e instituciones del sector público y a particulares y empresas en diferentes ámbitos:  procedimientos administrativos de toda índole, responsabilidad patrimonial, urbanismo, expropiación forzosa, actividades económicas, función pública, sanciones administrativas, subvenciones públicas, ordenanzas fiscales, ordenanzas sobre actividades, obras, y cualquier disposición de carácter general.

Nuestra ética profesional nos impide garantizar la obtención del resultado pretendido por el cliente. Por eso advertimos siempre de los riesgos que implica cualquier encargo. Lo único que podemos garantizar es nuestra profesionalidad y la dedicación necesaria y adecuada a los asuntos que se nos encomiendan, utilizando para ello los medios oportunos. Nuestra respuesta a cualquier inquietud del cliente se fundamenta siempre en el derecho, pilar fundamental de nuestro trabajo cotidiano, sin perder de vista la búsqueda permanente de soluciones prácticas a cada problemática.

El despacho ofrece la posibilidad de responder las dudas y consultas de forma presencial, así como de forma telemática o virtual, correo electrónico e incluso, si es necesario, mediante asistencia a la sede del cliente. Todo ello de acuerdo con el horario programado y las visitas concertadas correspondientes.

Actuamos con total independencia y absoluta transparencia e integridad, respetando en todo momento la normativa reguladora del ejercicio de la abogacía. 

La asunción de cualquier asunto requiere del consentimiento expreso del cliente y de la aceptación por parte del Despacho del encargo correspondiente. Para asumir dicho encargo, es necesario e imprescindible efectuar una primera reunión o visita con el cliente (puede ser virtual) y estudiar toda la documentación de la que disponga. Sólo a partir de entonces se podrá orientar al cliente sobre la viabilidad del asunto y de la orientación económica o coste que tendrá el mismo, así como de los riesgos jurídicos y económicos que el mismo pueda suponer. Y sólo con la firma de la hoja de encargo y la expresa aceptación del presupuesto por parte del cliente, se iniciarán los trabajos objeto del mismo.

Al ser un despacho especializado en el ámbito contencioso administrativo, los asuntos de otras materias (civil, penal, mercantil, laboral), se tratarán con colaboradores de solvencia acreditada. 

El pilar fundamental y básico del despacho es evitar cualquier pleito meramente especulativo, que no cuente con la suficiente motivación jurídica y/o técnica. Si no contamos con esos dos aspectos clave, cualquier pleito está condenado al fracaso y por lo tanto no lo asumiremos. Si disponemos de esos elementos, no se garantiza en ningún caso que la controversia administrativa o judicial prospere, pero se aumentan las posibilidades de éxito.

Nuestro objetivo es evitar litigios innecesarios, velando siempre por el interés del cliente.

En caso de que haya que acudir a la vía judicial, sólo trabajamos con Procuradores de gran experiencia. No ejercitamos la representación procesal judicial.

Para garantizar una atención eficaz y transparente, tras estudiar el asunto, se firmará una hoja de encargo donde se detallarán los servicios y el presupuesto, en el que se incluirán los gastos incluidos, los no incluidos y otros posibles como las costas judiciales que corren a cuenta del cliente cuando sean impuestas por la autoridad judicial.

Trabajamos en todo el territorio estatal.